Las administraciones territoriales (Comunidades Autónomas, fundamentalmente, y Ayuntamientos y Diputaciones, en menor medida) tienen una deuda viva de 189 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestaciones de bienes o servicios efectuados por organizaciones del Tercer Sector de la discapacidad, vencidas y no abonadas. Según explica el CERMI, de esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con Centros Especiales de Empleo (empresas cuya plantilla está integrada por, al menos, un 70% de trabajadores con discapacidad), tanto en concepto de subvenciones no satisfechas como de facturas no pagadas. Fuente: Servimedia.
