El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado vía libre al proyecto de Ley para el Desarrollo de la Lengua de Signos en Andalucía. Ahora el proyecto se remitirá al Parlamento de Andalucía donde será tramitado con carácter de urgencia por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social y de ahí pasará al Pleno de la Cámara donde será aprobado. Se espera que todo haya terminado antes de las vacaciones de navidad. Con esta ley, que según la Consejera de Igualdad Micaela Navarro, amplía la legislación estatal, concluye la fase legislativa en el pleno desarrollo de la lengua de signos en Andalucía. El nuevo proyecto remitido al Parlamento autonómico establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población sorda andaluza. Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica. La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro ha explicado que, ante todo, se pretende regular muchos de los programas que ya se han puesto en marcha en la comunidad, que, en modo alguno, parte de cero. "Se trata de convertir en derechos todas las iniciativas que permitan la integración plena de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad", según apuntó. De ellas, 44.000 personas tienen reconocida su discapacidad auditiva en un grado igual o superior al 33 por ciento. Sobre el perfil de las personas con discapacidad auditiva, según dijo, sólo el 4,38 por ciento tiene estudios universitarios; un 20,83 por ciento no sabe leer ni escribir, y más de un 41 por ciento, cuenta con estudios primarios incompletos. Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR), un profesional que se encargará de facilitar la participación del colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad. Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el proyecto supondrán una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La previsión es que el número de intérpretes de Lengua de Signos que prestan servicio para atender a las personas sordas se duplique durante el primer año de aplicación del plan. La norma, por ejemplo, promueve la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva. De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. En cuanto al ámbito educativo, el anteproyecto incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado. Fuente: Diario Signo.
