El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), quiere denunciar públicamente la grave situación económica en que se encuentran los Servicios de Inserción Laboral (SILS) que facilitan la integración en el mercado laboral ordinario de las personas con discapacidad, en muchos casos a través de puestos de trabajo con apoyo. Los SILs garantizan el mandato legal de inclusión social e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, recogido en las leyes vigentes (LISMI y LIONDAU), y de acuerdo con la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ONU.
Los ejercicios 2010 y 2011, estos servicios habían recibido una dotación anual de aproximadamente 11 millones de euros, y se redujeron hasta los 4'5 millones de euros el año pasado. El efecto inmediato fue que unas 1500 personas con discapacidad quedaron sin el apoyo necesario para la inserción laboral durante el 2012. Este último ejercicio tiene como fecha final de ejecución el 28 de marzo y no se prevé la apertura de ninguna convocatoria para el 2013. La prórroga de los presupuestos de la Generalitat y la falta de fechas para la aprobación de los presupuestos de este año podría demorar hasta octubre la convocatoria de nuevas subvenciones.
Por otra parte, el Gobierno anunció el 19 de marzo que avanzaría 42'8 millones de fondos propios para los Centros Especiales de Trabajo (CETS)mientras no se reciban los fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y de Asuntos Laborales del Estado y advirtió que era la última convocatoria de políticas activas que se publicaría a la espera de los recursos estatales, lo que dejaría fuera las aportaciones a SILs.
En este contexto, la situación de los SILs es extremadamente delicada y es prácticamente inviable que estos puedan avanzar recursos en espera de la convocatoria de 2013, ya que la mayor parte de ellas sufren los retrasos en las aportaciones y su situación de ahogo financiero es insostenible.
En concreto, la deuda de la Generalitat pendiente de pago con los servicios de inserción laboral es de unos 7,7 millones de euros, correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 2012. Esta situación insostenible ha obligado a algunas entidades a aplicar expedientes de regulación de empleo temporales (ERE) o incluso a suspender temporalmente su actividad. Así, la actual situación puede abocar al cierre definitivo de los servicios para que éstos son ya incapaces de avanzar más recursos.
Ante esta espiral que les empuja a la desaparición, el COCARMI considera "urgente pactar con la Generalitat un calendario y un compromiso explícito para garantizar el funcionamiento de los SILs durante el 2013". En caso contrario, los silos se encontrarían ante su desaparición inmediata, y se dejaría de cumplir el mandato de inserción laboral e igualdad de oportunidades que marca la legislación vigente en materia de personas con discapacidad, como son la LISMI y la LIONDAU.
